Un arma encontrada en el escondite de Joaquín Guzmán, “El Chapo”,
fue parte del operativo Rápido y Furioso de la Agencia de Alcohol,
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos.
En una carta al Congreso de EU, el Departamento de Justicia de ese
país confirmó que un arma de calibre .50, rastreada en dicho operativo,
estaba con el líder del cártel de Sinaloa en la casa de Los Mochis,
cateada el 8 de enero pasado.
Sólo una de 19 armas que las autoridades encontradas en dicho inmueble, era parte del programa de la ATF.
Según el Departamento de Justicia, el fusil fue comprado en julio del
2010, a un intermediario desconocido; el comprador después fue
identificado e investigado, pero nunca le levantaron cargos.
En al año 2009, desde EU “dejaron” pasar más de dos mil armas de
Estados Unidos a México, con el fin de rastrearlas y así se pensaba
encontrar a supuestos criminales. El enfoque era el combate contra el
cártel de Sinaloa de “El Chapo”. Sin embargo, las armas no sólo fueron
entregadas a criminales sino que incluso acabaron en manos de los más
altos capos. Además, ATF perdió la pista de hasta 2 mil armas que
participaron en la operación encubierta que se conoció años después.
Investigaciones de la revista estadounidense “Fortune” revelaron en 2012 que los
investigadores no querían dejar pasar las armas sino que les resultó
imposible, en la mayoría de los casos sospechosos que vigilaron,
convencer a los fiscales que había suficientes pruebas para
desarmar a quienes compraban las armas. Según la investigación, las
leyes liberales sobre las armas del estado de Arizona les pusieron
muchas piedras en el camino.
Diversas armas que han sido registradas como vendidas a supuestos mediadores de criminales mexicanos por la operación Rápido y Furioso han sido ligadas a crímenes en México en los últimos años.
Por ejemplo, un rifle AK-47 fue utilizado en el enfrentamiento entre militares y supuestos sicarios en el que murió Susana Flores Gámez, coronada como Miss Sinaloa 2012.
Otros incidentes son el asesinato de la agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, en diciembre de 2010; la muerte del agente aduanal Jaime Zapata, en febrero de 2011; y la masacre de jóvenes en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en enero de 2010.
Además, unos periodistas de Univión lograron determinar que al menos 100 actos criminales en México se perpetraron con armas de Rápido y Furioso.
En tanto, la organización Desarma México denunció ante la PGR que el programa vulnera el derecho a vivir en paz y exigió que se investigue a todos los funcionarios mexicanos responsables.
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